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Romanian official gets suspended sentence for inciting judge murders

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A Romanian man who publicly called for the murder of judges on Facebook has been handed a six-month suspended prison sentence after reaching a plea deal with prosecutors. The case, concluded on Thursday, underscores rising tensions between magistrates and online critics in Romania, where threats against legal officials have surged in recent years.

Bogdan-Eduard Dragomirescu, a senior official at the National Consumer Protection Authority (ANPC), was placed under investigation by Romania’s anti-corruption agency (DNA) on Wednesday for allegedly accepting a €3,000 bribe from a nightclub owner in Mamaia to shield the venue from regulatory penalties. The alleged misconduct, which prosecutors say occurred in 2024, is the latest in a string of corruption scandals to rock the ANPC, a body tasked with enforcing consumer rights across Romania.

In the Czech Republic, former Justice Minister Pavel Němec has been summoned to testify in the ongoing “Dozimetr” corruption case, where prosecutors allege that encrypted phones supplied to a lobbying network linked to businessman Michal Redl were used to facilitate illicit communications. The phones, Němec is said to have procured, were reportedly intended to prevent law enforcement from intercepting conversations among the accused group.

Meanwhile, in the Netherlands, a member of parliament from the far-right PVV party was sentenced to 200 hours of community service after striking an Extinction Rebellion activist with his car during a protest in Amsterdam last year. The incident, which occurred in October 2025, has drawn criticism from civil society groups over the perceived leniency of the sentence.

In France, singer Patrick Bruel, 67, has been placed under formal investigation for rape and sexual assault, according to judicial sources cited by Reuters. Bruel, who denies the allegations, remains under judicial supervision and is required to cooperate fully with investigators. The case has reignited public debate over accountability for high-profile figures in cases of sexual violence.

A Romanian court on Thursday upheld the life sentence of Emil Gânj, a fugitive convicted of murdering his former partner in Mureș County in 2023. The decision, which follows a lengthy appeals process, also ordered Gânj to pay over €500,000 in damages to the victim’s family. The case has drawn widespread attention due to the brutality of the crime and the defendant’s prolonged evasion of justice.

In Spain, the Supreme Court has rejected a request to pardon former prosecutor García Ortiz, affirming that his criminal conduct undermined the integrity of the public prosecutor’s office. The ruling, delivered on Wednesday, reaffirms the court’s stance that pardons should not be granted in cases where public trust in institutions has been eroded.

Across Europe, legal systems are grappling with the dual challenges of online incitement and institutional corruption, as evidenced by these disparate but interconnected cases. From Bucharest to Prague, Amsterdam to Lyon, the rule of law is being tested—not only by individual acts of malfeasance, but by the broader erosion of public confidence in the very institutions meant to uphold it.

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Bărbat din Brașov condamnat pentru un mesaj de amenințare postat pe Facebook la adresa magistraților Bărbatul este acuzat de instigare publică la adresa magistraților, după ce a scris pe Facebook un mesaj în care vorbea despre „procedura 1907. Parchetul General a anunțat joi că a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției, iar pedeapsa va fi de 6 luni de închisoare cu suspendare. Ancheta a fost declanșată după un …

hotnews.ro · 2 days ago

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Influencerul Makaveli, ridicat de Poliție și dus la audieri. Care sunt acuzațiile Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost ridicat joi de poliţişti şi dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Audierea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care sunt vizate patru persoane, Makaveli şi trei prieteni ai acestuia, …

hotnews.ro · 2 days ago

Des avocates annoncent de nouvelles plaintes contre Patrick Bruel : "Ces faits sont plutôt récents et vont montrer un autre aspect du chanteur" Patrick Bruel a été mis en examen ce mercredi. Mais il pourrait être prochainement la cible de nouvelles plaintes.  ...

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la libre · 2 days ago

Guía del IRPF para rezagados: fecha límite de plazos de la recta final de la campaña de la Renta 2025 Expansión y ARAG elaboran una guía para rezagados en la que detallan las diferentes vías para presentar la declaración de la Renta y las fechas límite, con especial atención a las cuestiones relacionadas con la vivienda en la declaración del IRPF. Leer

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expansion · 2 days ago

El juez autoriza a la UCO el rastreo de las cuentas del novio de Ayuso y su entorno El juez de Madrid Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a rastrera las cuentas y el patrimonio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y de otras personas de su entorno desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, dentro de la causa que le investiga por corrupción en los negocios. Leer

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expansion · 2 days ago

Un cerrajero granadino lleva a Google ante la Comisión Europea por no permitir los anuncios del sector La multinacional restringió la publicidad de reparaciones de urgencia por las estafas masivas que se daban a través de estos contenidos patrocinados La plaga de suplantaciones de instituciones y empresas para sacarte el dinero con llamadas llega a Google
        Un cerrajero granadino ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra Google por la prohibición de anuncios de pago para servicios de cerrajería urgente en España, una medida que considera perjudicial para los profesionales que operan de forma legítima.
    
        Según ha explicado este profesional, Juan Carlos Cacín, la publicidad en Google era un motor fundamental para su sector ya que les permitía aumentar sus ingresos, pero al quitarles esta opción, se han quedado sin una vía rentable para captar clientes y crecer geográficamente.
    
        Como ha detallado, la medida de Google, en vigor desde noviembre de 2024, estaba orientada inicialmente a frenar el fraude de falsas empresas de reparaciones de urgencia pero se ha convertido en un bloqueo de acceso al mercado digital.
    
        Google no hace distinción entre profesionales legítimos con un historial limpio, y las redes de estafadores, que tanto daño han hecho a la reputación de la profesión, poniendo en jaque el sustento de miles de negocios familiares que dependían de esta herramienta para crecer legítimamente, ha argumentado Cacín. 
    
        Por ello, en el escrito remitido a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha solicitado la revisión de la política que no permite a los cerrajeros anunciarse mediante Google Ads. Además, el cerrajero ha pedido a la multinacional que exporte a Europa el modelo de verificación avanzada que Google ya aplica en Estados Unidos y Canadá.
    
        Según ha asegurado, con ese formato los cerrajeros deben superar una auditoría documental obligatoria aportando el alta censal, el censo de autónomos en el régimen RETA y registros de Industria si procediera para poder optar a la publicidad de pago, lo que eliminaría a los intermediarios fraudulentos.
    
        elDiario.es ha contactado con Google para incluir su posición en esta información, pero todavía no ha enviado respuesta.

Un cerrajero granadino lleva a Google ante la Comisión Europea por no permitir los anuncios del sector La multinacional restringió la publicidad de reparaciones de urgencia por las estafas masivas que se daban a través de estos contenidos patrocinados La plaga de suplantaciones de instituciones y empresas para sacarte el dinero con llamadas llega a Google Un cerrajero granadino ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra Google por la prohibición de anuncios de pago para servicios de cerrajería urgente en España, una medida que considera perjudicial para los profesionales que operan de forma legítima. Según ha explicado este profesional, Juan Carlos Cacín, la publicidad en Google era un motor fundamental para su sector ya que les permitía aumentar sus ingresos, pero al quitarles esta opción, se han quedado sin una vía rentable para captar clientes y crecer geográficamente. Como ha detallado, la medida de Google, en vigor desde noviembre de 2024, estaba orientada inicialmente a frenar el fraude de falsas empresas de reparaciones de urgencia pero se ha convertido en un bloqueo de acceso al mercado digital. Google no hace distinción entre profesionales legítimos con un historial limpio, y las redes de estafadores, que tanto daño han hecho a la reputación de la profesión, poniendo en jaque el sustento de miles de negocios familiares que dependían de esta herramienta para crecer legítimamente, ha argumentado Cacín. Por ello, en el escrito remitido a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha solicitado la revisión de la política que no permite a los cerrajeros anunciarse mediante Google Ads. Además, el cerrajero ha pedido a la multinacional que exporte a Europa el modelo de verificación avanzada que Google ya aplica en Estados Unidos y Canadá. Según ha asegurado, con ese formato los cerrajeros deben superar una auditoría documental obligatoria aportando el alta censal, el censo de autónomos en el régimen RETA y registros de Industria si procediera para poder optar a la publicidad de pago, lo que eliminaría a los intermediarios fraudulentos. elDiario.es ha contactado con Google para incluir su posición en esta información, pero todavía no ha enviado respuesta.

eldiario.es · 2 days ago

La Guardia Civil confirma que el concejal de Bienestar Animal de València pidió investigar al refugio de animales que pierde la gestión Juan Carlos Caballero requirió a una unidad del Seprona para aportar información sobre la protectora de animales que ha montado una campaña contra la adjudicación del centro a empresas de control de plagasLa sospechosa denuncia que ha reventado la gestión del refugio de animales de València: entre empresas de plagas y una investigación de la Guardia Civil

        Guerra abierta entre el Ayuntamiento de València y la protectora de animales Modepran por la gestión de los refugios de València. La Guardia Civil confirma que fue el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, quien requirió a los agentes del Seprona para facilitar información sobre la asociación, que pierde este viernes la gestión del refugio de la ciudad. Fuentes del instituto armado apuntan que la unidad recibió una solicitud del edil del PP para trasladar información sobre una empresa con la que mantiene un contrato o convenio el Ayuntamiento.
    
        Agentes del Uprona, una unidad del Seprona, se personaron el miércoles en el consistorio para reunirse con el edil. Entonces se trasladó que se investiga a raíz de un requerimiento si se habría producido tráfico ilegal de animales, mientras la protectora y decenas de activistas critican que una empresa vaya a hacerse cargo de los animales abandonados en la ciudad. Fuentes del Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, trasladaron que se trataba de un encuentro de colaboración. 
    
        El concejal negó el miércoles a preguntas de elDiario.es haber presentado una denuncia, él o el propio Ayuntamiento. Taxativamente no, señaló a esta redacción. Trasladó que el consistorio aportó la información solicitada por el instituto armado en el marco de una investigación, en una reunión agendada previamente. El edil de Bienestar Animal insiste en que él no ha denunciado nada y en la línea de colaboración con el instituto armado. Fuentes del Ayuntamiento trasladan que es una investigación que lleva tiempo en marcha y se habían mantenido más reuniones. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, apuntó que los agentes se habían personado por una denuncia. La Guardia Civil apunta que no se ha formalizado una denuncia, pero que con esa información determinará si abre diligencias de oficio para una investigación. 
    
        A partir de este viernes, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hará cargo de los dos centro municipales que albergan animales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. Una de ellas ha recibido varias denuncias por el trato a los animales en otros refugios, una cuestión que ha incendiado a la ciudadanía. En los últimos días se han sucedido fuertes reproches al consistorio, que ha adjudicado la gestión en un concurso público.

La Guardia Civil confirma que el concejal de Bienestar Animal de València pidió investigar al refugio de animales que pierde la gestión Juan Carlos Caballero requirió a una unidad del Seprona para aportar información sobre la protectora de animales que ha montado una campaña contra la adjudicación del centro a empresas de control de plagasLa sospechosa denuncia que ha reventado la gestión del refugio de animales de València: entre empresas de plagas y una investigación de la Guardia Civil Guerra abierta entre el Ayuntamiento de València y la protectora de animales Modepran por la gestión de los refugios de València. La Guardia Civil confirma que fue el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, quien requirió a los agentes del Seprona para facilitar información sobre la asociación, que pierde este viernes la gestión del refugio de la ciudad. Fuentes del instituto armado apuntan que la unidad recibió una solicitud del edil del PP para trasladar información sobre una empresa con la que mantiene un contrato o convenio el Ayuntamiento. Agentes del Uprona, una unidad del Seprona, se personaron el miércoles en el consistorio para reunirse con el edil. Entonces se trasladó que se investiga a raíz de un requerimiento si se habría producido tráfico ilegal de animales, mientras la protectora y decenas de activistas critican que una empresa vaya a hacerse cargo de los animales abandonados en la ciudad. Fuentes del Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, trasladaron que se trataba de un encuentro de colaboración. El concejal negó el miércoles a preguntas de elDiario.es haber presentado una denuncia, él o el propio Ayuntamiento. Taxativamente no, señaló a esta redacción. Trasladó que el consistorio aportó la información solicitada por el instituto armado en el marco de una investigación, en una reunión agendada previamente. El edil de Bienestar Animal insiste en que él no ha denunciado nada y en la línea de colaboración con el instituto armado. Fuentes del Ayuntamiento trasladan que es una investigación que lleva tiempo en marcha y se habían mantenido más reuniones. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, apuntó que los agentes se habían personado por una denuncia. La Guardia Civil apunta que no se ha formalizado una denuncia, pero que con esa información determinará si abre diligencias de oficio para una investigación. A partir de este viernes, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hará cargo de los dos centro municipales que albergan animales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. Una de ellas ha recibido varias denuncias por el trato a los animales en otros refugios, una cuestión que ha incendiado a la ciudadanía. En los últimos días se han sucedido fuertes reproches al consistorio, que ha adjudicado la gestión en un concurso público.

eldiario.es · 2 days ago

Condenado a cinco años de prisión un profesor de Lugo por agredir sexualmente a una alumna de nueve años El hombre queda inhabilitado durante diez años para trabajar con niños y debe pagar una indemnización de 3.000 euros a la víctimaHemeroteca -  Madres y padres del colegio de Lugo en el que una decena de niñas denuncian abusos cuestionan la buena praxis del centro 
        Un profesor que daba clase en el colegio Albeiros de Lugo ha sido condenado a cinco años de prisión por agresión sexual continuada a una alumna menor de edad -tenía nueve años cuando ocurrieron los hechos-. La Audiencia Provincial acaba de comunicar la decisión, en la que absuelve al hombre del resto de acusaciones realizadas por otras cuatro niñas del mismo centro escolar al considerar que, en estos casos, las pruebas resultan insuficientes para una condena. 
    
        La sentencia también inhabilita al hombre por un plazo de diez años para cualquier profesión en la que tenga contacto habitual con menores y le prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años. Además, la condena incluye una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez haya cumplido la pena de prisión y le impone el pago de una indemnización de 3.000 euros a la menor. 
    
        La Fiscalía pedía para este profesor cinco años y seis meses de cárcel por estos hechos, pero el tribunal ha optado por el mínimo que prevé el marco penal aplicable -esos cinco años- porque considera que no se objetivó daño psíquico a la menor, que los hechos no revistieron especial entidad y que el hombre no tiene antecedentes penales. La acusación particular, por su parte, reclamaba 30 años, seis por cada uno de los cinco delitos de agresión sexual continuada.
    
        El caso arrancó con una nota que la propia víctima, junto a otra compañera de estudios, escribió y dejó en el buzón del aula. Una profesora la revisó y avisó a la dirección del centro. Fueron varias las niñas que acusaron al profesor, pero la condena es finalmente por uno solo de los casos. La sentencia considera hechos probados que el hombre, nacido en 1976, impartía la asignatura de Música en el CEIP Albeiros desde hacía varios años y daba clase a la víctima en el curso 2023-24. La menor, nacida en 2014, era su alumna desde primero de infantil.
    
        En estas clases, que eran una vez por semana, el hombre aprovechó las circunstancias favorables que le proporcionaba el desempeño de su profesión para, en varias ocasiones, hacia finales del segundo trimestre, hacerle tocamientos a la niña, recoge la sentencia. Describe varias de las situaciones: en una ocasión se acercó a la menor por detrás y, simulando hacerle un masaje, deslizó las manos por la parte delantera del cuello de ella hacia la parte superior del pecho; en otra, mientras bailaban, le puso la mano en el culo; y el 22 de mayo de 2024, el último miércoles que el ahora condenado dio clase, le negó permiso a la niña para ir al baño, la sentó en su regazo. Ella intentó escurrirse, pero el profesor la agarró por las axilas y la recolocó pegada a su abdomen llegando a notar la menor su pene bajo sus nalgas. En el relato de los hechos probados se añade que el hombre puso las manos entrelazadas sobre el pubis de la niña, con los meñiques dirigidos a los genitales de ella y haciendo presión en la zona. La menor aprovechó que él levantó una mano para rascarse la cabeza y se escabulló.
    
        El fallo indica que estas situaciones provocaron en la menor gran incomodidad, rechazo a acudir a clase y la queja a su tutora. El hombre entró en prisión en mayo de 2024, pero salió en noviembre. 
    
        La Audiencia Provincial agrega en la sentencia que el relato de la menor tiene credibilidad y que no se aprecia en ella ningún ánimo espurio, de venganza o animadversión hacia el acusado, al que decía tener cariño hasta que ocurrieron los hechos. Su versión fue consistente, estuvo acompañada de explicaciones con riqueza de matices y detalles y no se aprecia en ella ninguna inconsistencia o contradicción. Añade que su relato está reforzado por otras pruebas, como la nota que firmó y el testimonio de las profesoras -la que leyó la nota en primer lugar y la tutora de las menores, que hablaron con ellas-; por lo que contaron otras menores compañeras de clase; por el testimonio de la madre de la niña, a la que esta contó lo que sucedía en clase y le decía que no quería ir a clase de Música; y por la prueba pericial, que concluye que la narración de la niña es creíble y añade que ella no malinterpretó conductas del profesor, sino que se halla en una etapa evolutiva donde el pudor sexual emerge, lo que le hizo darse cuenta de que las conductas del profesor invadían su intimidad y no eran adecuadas.

Condenado a cinco años de prisión un profesor de Lugo por agredir sexualmente a una alumna de nueve años El hombre queda inhabilitado durante diez años para trabajar con niños y debe pagar una indemnización de 3.000 euros a la víctimaHemeroteca - Madres y padres del colegio de Lugo en el que una decena de niñas denuncian abusos cuestionan la buena praxis del centro Un profesor que daba clase en el colegio Albeiros de Lugo ha sido condenado a cinco años de prisión por agresión sexual continuada a una alumna menor de edad -tenía nueve años cuando ocurrieron los hechos-. La Audiencia Provincial acaba de comunicar la decisión, en la que absuelve al hombre del resto de acusaciones realizadas por otras cuatro niñas del mismo centro escolar al considerar que, en estos casos, las pruebas resultan insuficientes para una condena. La sentencia también inhabilita al hombre por un plazo de diez años para cualquier profesión en la que tenga contacto habitual con menores y le prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años. Además, la condena incluye una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez haya cumplido la pena de prisión y le impone el pago de una indemnización de 3.000 euros a la menor. La Fiscalía pedía para este profesor cinco años y seis meses de cárcel por estos hechos, pero el tribunal ha optado por el mínimo que prevé el marco penal aplicable -esos cinco años- porque considera que no se objetivó daño psíquico a la menor, que los hechos no revistieron especial entidad y que el hombre no tiene antecedentes penales. La acusación particular, por su parte, reclamaba 30 años, seis por cada uno de los cinco delitos de agresión sexual continuada. El caso arrancó con una nota que la propia víctima, junto a otra compañera de estudios, escribió y dejó en el buzón del aula. Una profesora la revisó y avisó a la dirección del centro. Fueron varias las niñas que acusaron al profesor, pero la condena es finalmente por uno solo de los casos. La sentencia considera hechos probados que el hombre, nacido en 1976, impartía la asignatura de Música en el CEIP Albeiros desde hacía varios años y daba clase a la víctima en el curso 2023-24. La menor, nacida en 2014, era su alumna desde primero de infantil. En estas clases, que eran una vez por semana, el hombre aprovechó las circunstancias favorables que le proporcionaba el desempeño de su profesión para, en varias ocasiones, hacia finales del segundo trimestre, hacerle tocamientos a la niña, recoge la sentencia. Describe varias de las situaciones: en una ocasión se acercó a la menor por detrás y, simulando hacerle un masaje, deslizó las manos por la parte delantera del cuello de ella hacia la parte superior del pecho; en otra, mientras bailaban, le puso la mano en el culo; y el 22 de mayo de 2024, el último miércoles que el ahora condenado dio clase, le negó permiso a la niña para ir al baño, la sentó en su regazo. Ella intentó escurrirse, pero el profesor la agarró por las axilas y la recolocó pegada a su abdomen llegando a notar la menor su pene bajo sus nalgas. En el relato de los hechos probados se añade que el hombre puso las manos entrelazadas sobre el pubis de la niña, con los meñiques dirigidos a los genitales de ella y haciendo presión en la zona. La menor aprovechó que él levantó una mano para rascarse la cabeza y se escabulló. El fallo indica que estas situaciones provocaron en la menor gran incomodidad, rechazo a acudir a clase y la queja a su tutora. El hombre entró en prisión en mayo de 2024, pero salió en noviembre. La Audiencia Provincial agrega en la sentencia que el relato de la menor tiene credibilidad y que no se aprecia en ella ningún ánimo espurio, de venganza o animadversión hacia el acusado, al que decía tener cariño hasta que ocurrieron los hechos. Su versión fue consistente, estuvo acompañada de explicaciones con riqueza de matices y detalles y no se aprecia en ella ninguna inconsistencia o contradicción. Añade que su relato está reforzado por otras pruebas, como la nota que firmó y el testimonio de las profesoras -la que leyó la nota en primer lugar y la tutora de las menores, que hablaron con ellas-; por lo que contaron otras menores compañeras de clase; por el testimonio de la madre de la niña, a la que esta contó lo que sucedía en clase y le decía que no quería ir a clase de Música; y por la prueba pericial, que concluye que la narración de la niña es creíble y añade que ella no malinterpretó conductas del profesor, sino que se halla en una etapa evolutiva donde el pudor sexual emerge, lo que le hizo darse cuenta de que las conductas del profesor invadían su intimidad y no eran adecuadas.

eldiario.es · 2 days ago

El juez autoriza a la UCO a acceder a las cuentas de la pareja de Ayuso seis meses después de que se lo pidiera El magistrado Antonio Viejo sigue sin considerar "prioritario" que la Guardia Civil acceda a la información societaria y tributaria de González Amador un año después de que su antecesora en el juzgado decidiera implicar a la UCO en la investigaciónOperación Cirbelia: la investigación de la UCO a la pareja de Ayuso no arranca por falta de autorización del juez
        El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el acceso a las cuentas bancarias de Alberto González Amador dentro de la pieza que mantiene abierta por el presunto soborno de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a un directivo de Quirón, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado accede de forma muy parcial a la petición de la UCO seis meses después de que esta se la formulara formalmente. 
    
        Las últimas semanas de retraso para que el juez haya adoptado la decision son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso, de la que informó el pasado lunes en exclusiva elDiario.es. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Ha tardado 41 días. La Guardia Civil ya había puesto nombre a su operación, Cirbelia, según desveló este periódico. 
    
        En su auto, el magistrado rechaza autorizar a la UCO a acceder a la información societaria y tributaria de González Amador. De los tres ámbitos de actuación sobre los que los investigadores de la UCO (...) consideran determinantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes diligencias entiende este instructor prioritario y previo el relativo a la información bancaria, sin perjuicidio de que, en su momento, y dependiendo de los resultados pudiera considerarse procedente extender dicho examen a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas, así como los datos obrantes en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social de las personas relacionadas, recoge el auto de Viejo. 
    
        La autorización de Antonio Viejo afecta a los datos bancarios de los dos investigados, Alberto González Amador y Gloria Carrasco, esta última esposa del presidente de Quirón Prevención. Las cuentas de ellos y sus empresas serán examinadas desde el 1 de enero de 2014 ya que lo indagado tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo. En total, la UCO accederá a 16 cuentas bancarias
    
        La pieza separada que abrió la jueza Inmaculada Iglesias investiga los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un soborno. 
    
        Pese a ello, el juez Antonio Viejo despliega en su auto una serie de jurisprudencia para justificar su inacción en la investigación. Los datos económicos de las personas físicas y jurídicas constituyen un ámbito de intimidad constitucionalmente protegida, aunque no afectan al denominado núcleo duro de la intimidad personal [y cita tres sentencias del TC y el TS]. Su protección, en cuanto a datos de carácter personal, deriva del artículo 18.4 de la Constitución, continúa el juez. 
    
        Afirma el juez en su auto que las diligencias ordenadas tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, en caso de haberse producido, si dicho requerimiento habría podido tener su origen en la investigación aquíe llevada en la presente pieza separada.
    
        Dos son las líneas de investigación abrió la jueza Inmaculada Iglesias antes de que Antonio Viejo llegara al juzgado. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5 por cada venta que obtuviera. 
    
        La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 
    
        La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el soborno de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.
    
        González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

El juez autoriza a la UCO a acceder a las cuentas de la pareja de Ayuso seis meses después de que se lo pidiera El magistrado Antonio Viejo sigue sin considerar "prioritario" que la Guardia Civil acceda a la información societaria y tributaria de González Amador un año después de que su antecesora en el juzgado decidiera implicar a la UCO en la investigaciónOperación Cirbelia: la investigación de la UCO a la pareja de Ayuso no arranca por falta de autorización del juez El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el acceso a las cuentas bancarias de Alberto González Amador dentro de la pieza que mantiene abierta por el presunto soborno de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a un directivo de Quirón, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado accede de forma muy parcial a la petición de la UCO seis meses después de que esta se la formulara formalmente. Las últimas semanas de retraso para que el juez haya adoptado la decision son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso, de la que informó el pasado lunes en exclusiva elDiario.es. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Ha tardado 41 días. La Guardia Civil ya había puesto nombre a su operación, Cirbelia, según desveló este periódico. En su auto, el magistrado rechaza autorizar a la UCO a acceder a la información societaria y tributaria de González Amador. De los tres ámbitos de actuación sobre los que los investigadores de la UCO (...) consideran determinantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes diligencias entiende este instructor prioritario y previo el relativo a la información bancaria, sin perjuicidio de que, en su momento, y dependiendo de los resultados pudiera considerarse procedente extender dicho examen a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas, así como los datos obrantes en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social de las personas relacionadas, recoge el auto de Viejo. La autorización de Antonio Viejo afecta a los datos bancarios de los dos investigados, Alberto González Amador y Gloria Carrasco, esta última esposa del presidente de Quirón Prevención. Las cuentas de ellos y sus empresas serán examinadas desde el 1 de enero de 2014 ya que lo indagado tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo. En total, la UCO accederá a 16 cuentas bancarias La pieza separada que abrió la jueza Inmaculada Iglesias investiga los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un soborno.  Pese a ello, el juez Antonio Viejo despliega en su auto una serie de jurisprudencia para justificar su inacción en la investigación. Los datos económicos de las personas físicas y jurídicas constituyen un ámbito de intimidad constitucionalmente protegida, aunque no afectan al denominado núcleo duro de la intimidad personal [y cita tres sentencias del TC y el TS]. Su protección, en cuanto a datos de carácter personal, deriva del artículo 18.4 de la Constitución, continúa el juez. Afirma el juez en su auto que las diligencias ordenadas tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, en caso de haberse producido, si dicho requerimiento habría podido tener su origen en la investigación aquíe llevada en la presente pieza separada. Dos son las líneas de investigación abrió la jueza Inmaculada Iglesias antes de que Antonio Viejo llegara al juzgado. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5 por cada venta que obtuviera.  La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino.  La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el soborno de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

eldiario.es · 2 days ago

Live From Europe

Investì più volte e uccise il ladro con il Suv a Viareggio: limprenditrice Cinzia Dal Pino condannata a 18 anni. La pm aveva chiesto lergastolo Investì e uccise, inseguendolo con il suo Suv, il ladro che le aveva rubato la borsa. Limprenditrice Cinzia Dal Pino, 65 anni, è stata condannata a 18 anni di carcere dalla Corte di Assise di Lucca. La donna è ritenuta colpevole di omicidio volontario per la morte del 52enne di origini marocchine, Noureddine Mezgui, ucciso […] Larticolo Investì più volte e uccise il ladro con il Suv a Viareggio: limprenditrice Cinzia Dal Pino condannata a 18 anni. La pm aveva chiesto lergastolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

il fatto quotidiano · 2 days ago

Live From Europe

Agent niet vervolgd voor dodelijk schietincident na fatbikeroof Capelle aan den IJssel De agent die de 15-jarige Jerryson doodschoot na een roof van een fatbike, wordt niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardigd was.

rtl nieuws · 2 days ago

Dans « Le Déni », Hélène Perlant, la fille de François Bayrou, cherche à penser linconcevable des violences commises à Bétharram Victime de coups assénés par un religieux dans lécole privée des Pyrénées-Atlantiques, Hélène Perlant sonde les lettres et les arts dans un nouvel essai afin de tenter de disséquer les mécanismes demprise et de perversion qui préparent la violence.

Dans « Le Déni », Hélène Perlant, la fille de François Bayrou, cherche à penser linconcevable des violences commises à Bétharram Victime de coups assénés par un religieux dans lécole privée des Pyrénées-Atlantiques, Hélène Perlant sonde les lettres et les arts dans un nouvel essai afin de tenter de disséquer les mécanismes demprise et de perversion qui préparent la violence.

le monde · 2 days ago

A Lyon, une enquête préliminaire ouverte pour « viol aggravé » contre lancien directeur de campagne de Jean-Michel Aulas Une jeune militante de léquipe de campagne du candidat à la mairie de Lyon affirme avoir été piégée par soumission chimique. Roman Abreu dément et évoque une relation « consentie ». Laffaire a secrètement empoisonné la campagne de lancien président de lOlympique lyonnais.

A Lyon, une enquête préliminaire ouverte pour « viol aggravé » contre lancien directeur de campagne de Jean-Michel Aulas Une jeune militante de léquipe de campagne du candidat à la mairie de Lyon affirme avoir été piégée par soumission chimique. Roman Abreu dément et évoque une relation « consentie ». Laffaire a secrètement empoisonné la campagne de lancien président de lOlympique lyonnais.

le monde · 2 days ago

Des déménageurs de cocaïne, « narcos » avant lheure, rattrapés par la justice après quinze années denquête La justice sapprête à juger lune des plus anciennes affaires dampleur, datant de 2011, en matière de trafic de cocaïne entre la Guadeloupe et la métropole. La tête présumée du réseau a été identifiée et interpellée au Panama, au terme dune longue cavale.

Des déménageurs de cocaïne, « narcos » avant lheure, rattrapés par la justice après quinze années denquête La justice sapprête à juger lune des plus anciennes affaires dampleur, datant de 2011, en matière de trafic de cocaïne entre la Guadeloupe et la métropole. La tête présumée du réseau a été identifiée et interpellée au Panama, au terme dune longue cavale.

le monde · 2 days ago

Corée du Sud : amende historique pour le géant de le-commerce Coupang après une fuite de données Coupang, la première plateforme de commerce électronique coréenne, se voit infliger une amende record pour négligence en matière de cybersécurité et collecte illégale de données. En novembre, lentreprise a révélé quun ancien employé avait accédé aux informations de plus de 37 millions dutilisateurs, soit les deux tiers de la population du pays.

Corée du Sud : amende historique pour le géant de le-commerce Coupang après une fuite de données Coupang, la première plateforme de commerce électronique coréenne, se voit infliger une amende record pour négligence en matière de cybersécurité et collecte illégale de données. En novembre, lentreprise a révélé quun ancien employé avait accédé aux informations de plus de 37 millions dutilisateurs, soit les deux tiers de la population du pays.

courrier international · 2 days ago

Live From Europe

Affaire Patrick Bruel : pourquoi le chanteur na-t-il finalement pas été mis en détention provisoire ? Lartiste de 67 ans, poursuivi notamment pour viol, a été placé sous contrôle judiciaire et a donc échappé à la prison. Mis en examen, il «participera naturellement à tous les actes de lenquête et se tient à la disposition des autorités judiciaires», selon une de ses avocates.

liberation · 2 days ago

Live From Europe

Meurtre de Noahm à Metz : la justice ouvre la piste homophobe Après la mort du jeune homme début juin, le parquet avait tout dabord estimé que les premiers éléments ne permettaient pas de dire que lagression avait été commise à raison de lorientation sexuelle. Le procureur a décidé ce jeudi délargir lenquête.

liberation · 2 days ago

Live From Europe

BlackCore : avant lopération anti-LFI, une fausse ONG daide à la Palestine En enquêtant sur linfrastructure de lentité israélienne identifiée par les autorités françaises derrière les manœuvres contre des candidats insoumis aux municipales, «Libération» et «Haaretz» ont découvert les vestiges dun site de dons, et des comptes de réseaux sociaux promus par des faux profils.

liberation · 2 days ago

Live From Europe

Şef din ANPC, cercetat de DNA pentru trafic de influenţă: a primit mită de la patronul unui club din Mamaia pentru a-l scăpa de controale Un nou scandal de corupție lovește ANPC. Șeful Serviciului Corpului de Control, Bogdan-Eduard Dragomirescu, este urmărit penal de DNA după ce ar fi încasat 15.000 de lei pentru a proteja un club din Mamaia de sancțiunile care ar fi trebuit aplicate în urma unui control efectuat pe litoral.

adevarul · 2 days ago

Live From Europe

A recunoscut că a îndemnat pe Facebook la uciderea magistraților. Ce pedeapsă a primit Un bărbat care a îndemnat public, pe Facebook, la comiterea unor infracțiuni împotriva magistraților români a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Parchetului General. Acesta a primit o pedeapsă de șase luni de închisoare, a cărei aplicare a fost amânată.

adevarul · 2 days ago

Un juez autoriza a la UCO investigar las cuentas del novio de Ayuso desde 2014 El foco del caso está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida por una empresa vinculada a Alberto González Amador. Se investiga si fue para pagar una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención Leer

Un juez autoriza a la UCO investigar las cuentas del novio de Ayuso desde 2014 El foco del caso está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida por una empresa vinculada a Alberto González Amador. Se investiga si fue para pagar una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención Leer

elmundo · 2 days ago

El Supremo informa en contra de indultar a García Ortiz y recalca que su actuación delictiva afectó a la "institucionalidad" de la Fiscalía La Sala de lo Penal no ve razones de justicia, equidad o utilidad pública para conceder la medida de gracia. Leer

El Supremo informa en contra de indultar a García Ortiz y recalca que su actuación delictiva afectó a la "institucionalidad" de la Fiscalía La Sala de lo Penal no ve razones de justicia, equidad o utilidad pública para conceder la medida de gracia. Leer

elmundo · 2 days ago

Live From Europe

BCR spune ce s-a întâmplat în timpul investigației care a dus la amenda de 700.000.000 de euro: Am cerut acces la probe și timp rezonabil pentru apărare. Consiliul Concurenței a refuzat BCR a primit o amendă de 110 milioane de euro din totalul de 700 de milioane de euro cu care au fost sancționate 10 bănci. Joi, banca a avut o reacție în care a povestit câteva dintre lucrurile întâmplate pe timpul investigației.  În ultima lună, BCR a cerut accesul la probele pe baza cărora este …

hotnews.ro · 2 days ago

Mazón se resiste ante la jueza de la dana a aportar el resto de whatsapps por un "elemental criterio de prudencia" La defensa del expresident condiciona una eventual entrega al acceso al sumario del procedimiento Vuelco en la causa de la dana: el grupo de WhatsApp de los consellers acredita que Mazón se desentendió de todoDocumento - Lee aquí todos los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno de Mazón el día de la dana: La izquierda ha empezado su campañita
        La defensa de Carlos Mazón se resiste a aportar a la jueza de la dana los mensajes de WhatsApp que mantuvo el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. 
    
        El abogado del expresident, Ignacio Gally, ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que manifiesta que, por elemental criterio de prudencia, no adoptará decisión alguna hasta haber accedido a la copia íntegra de las actuaciones y examinado el expediente judicial en toda su extensión.
    
        El escrito de la defensa, con fecha del 10 de junio y trasladado a las partes personadas, al día siguiente, coincidiendo con la declaración testifical de la vicepresidenta primera, Susana Camarero, explica que el letrado tenía pendiente obtener el sumario de la dana con el objeto de examinar y estudiar con la profundidad que la causa requiere el contenido completo del procedimiento desde su inicio hasta el estado actual de tramitación.
    
        El abogado explicó tras la declaración de Camarero: No hay ninguna conversación ni ningún tipo de mensaje, por lo que a mí se me ha trasladado, que pueda afectar en nada.
    
        La jueza instructora reiteró en una providencia del pasado 8 de junio la petición a Mazón (que figura en la causa como una suerte de potencial investigado) para plantearle la posibilidad de aportar voluntariamente sus mensajes de WhatsApp. 
    
        También está pendiente de la aportación, por parte de Susana Camarero, y el posterior cotejo de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) de los mensajes en el grupo de WhatsApp del Consell del día de la dana, publicados íntegros por este diario. 
    
        Los whatsapps confirman que Mazón, tras una primera fase a primera hora de la mañana de liderazgo de la gestión de la emergencia (pidió a sus consellers inundar de datos a los medios por que desprende sensación de estar alerta que te cagas), se desconectó durante el resto del día, mientras varios miembros del Ejecutivo autonómico alertaban del empeoramiento de la catástrofe sobre el terreno. 
    Los whatsapps desconocidos de Mazón
        Sin embargo, Mazón intercambió otros mensajes más allá del grupo de WhatsApp del Consell, tal como se desprende del acta notarial aportada por la exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa. 
    
        Por otro lado, Maribel Vilaplana, la comensal que compartió mesa y mantel con Mazón en un reservado del restaurante El Ventorro, afirmó en su declaración testifical del pasado 3 de noviembre que el entonces president intercambió numerosos mensajes de WhatsApp durante la larga comida y sobremesa. 
    
        La jueza instructora también sigue a la espera de la comisión rogatoria a la empresa WhatsApp en Estados Unidos para tratar de recuperar los mensajes del día de la dana que borró de su teléfono José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, al devolver a la Generalitat formateado su terminal corporativo.

Mazón se resiste ante la jueza de la dana a aportar el resto de whatsapps por un "elemental criterio de prudencia" La defensa del expresident condiciona una eventual entrega al acceso al sumario del procedimiento Vuelco en la causa de la dana: el grupo de WhatsApp de los consellers acredita que Mazón se desentendió de todoDocumento - Lee aquí todos los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno de Mazón el día de la dana: La izquierda ha empezado su campañita La defensa de Carlos Mazón se resiste a aportar a la jueza de la dana los mensajes de WhatsApp que mantuvo el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. El abogado del expresident, Ignacio Gally, ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que manifiesta que, por elemental criterio de prudencia, no adoptará decisión alguna hasta haber accedido a la copia íntegra de las actuaciones y examinado el expediente judicial en toda su extensión. El escrito de la defensa, con fecha del 10 de junio y trasladado a las partes personadas, al día siguiente, coincidiendo con la declaración testifical de la vicepresidenta primera, Susana Camarero, explica que el letrado tenía pendiente obtener el sumario de la dana con el objeto de examinar y estudiar con la profundidad que la causa requiere el contenido completo del procedimiento desde su inicio hasta el estado actual de tramitación. El abogado explicó tras la declaración de Camarero: No hay ninguna conversación ni ningún tipo de mensaje, por lo que a mí se me ha trasladado, que pueda afectar en nada. La jueza instructora reiteró en una providencia del pasado 8 de junio la petición a Mazón (que figura en la causa como una suerte de potencial investigado) para plantearle la posibilidad de aportar voluntariamente sus mensajes de WhatsApp. También está pendiente de la aportación, por parte de Susana Camarero, y el posterior cotejo de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) de los mensajes en el grupo de WhatsApp del Consell del día de la dana, publicados íntegros por este diario. Los whatsapps confirman que Mazón, tras una primera fase a primera hora de la mañana de liderazgo de la gestión de la emergencia (pidió a sus consellers inundar de datos a los medios por que desprende sensación de estar alerta que te cagas), se desconectó durante el resto del día, mientras varios miembros del Ejecutivo autonómico alertaban del empeoramiento de la catástrofe sobre el terreno. Los whatsapps desconocidos de Mazón Sin embargo, Mazón intercambió otros mensajes más allá del grupo de WhatsApp del Consell, tal como se desprende del acta notarial aportada por la exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa. Por otro lado, Maribel Vilaplana, la comensal que compartió mesa y mantel con Mazón en un reservado del restaurante El Ventorro, afirmó en su declaración testifical del pasado 3 de noviembre que el entonces president intercambió numerosos mensajes de WhatsApp durante la larga comida y sobremesa. La jueza instructora también sigue a la espera de la comisión rogatoria a la empresa WhatsApp en Estados Unidos para tratar de recuperar los mensajes del día de la dana que borró de su teléfono José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, al devolver a la Generalitat formateado su terminal corporativo.

eldiario.es · 2 days ago

El Supremo rechaza que el ex fiscal general deba ser indultado La Sala que consideró a García Ortiz culpable de filtrar datos de la pareja de Ayuso informa en contra de una medida de gracia "al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública"La Fiscalía apoya que se indulte a García Ortiz la pena de inhabilitación que le resta por cumplir
        El Tribunal Supremo rechaza que Álvaro García Ortiz deba ser indultado. La misma Sala de lo Penal que lo condenó por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha informado en contra de que una medida de gracia elimine la condena de dos años de inhabilitación que lo sacó de la Fiscalía General. No concurren, dicen los jueces, razones de justicia, equidad o utilidad pública. 
    
        Los jueces explican que, según su criterio, los hechos por los que fue condenado fueron graves y han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público. La negativa también va firmada por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que firmaron un voto particular apostando por su absolución. La Fiscalía había apoyado que el Gobierno indultara la pena de inhabilitació que le queda por cumplir. 
    
        La Sala de lo Penal entiende que las personas que han pedido el indulto para García Ortiz no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejan ejercicio de la gracia. Y el hoy fiscal de sala, añaden los jueces, no ha tenido ninguna actuación que suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico. Una forma de decir que no ha reconocido los hechos ni su ilegalidad. 
    
        El Tribunal Supremo, con el voto en contra de dos magistradas discrepantes, decidió condenar a Álvaro García Ortiz por filtrar –él mismo o alguien de su entorno– un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía sus delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Una condena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar al comisionista con 10.000 euros. Posteriormente el tribunal añadió las costas a la factura: 39.000 euros más a abonar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 
    
        La Fiscalía informó a favor de la petición de indulto, al menos de forma parcial, para que el resto de la condena de inhabilitación que le restaba por cumplir fuera conmutada. La condena ha generado consecuencias extrapenales desproporcionadas, dijo el documento firmado por la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que había solicitado su absolución durante el juicio. 
    
        La respuesta del Tribunal Supremo es negativa y ahora la decisión vuelve al terreno político y al Ministerio de Justicia. La revelación de secretos que los jueces atribuyeron a él o a su entorno, dice ahora la Sala de lo Penal, es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia. 
    En manos del Constitucional
        García Ortiz abandonó la Fiscalía General después de ser condenado y puso la vista en el Tribunal Constitucional. Tanto la Abogacía del Estado como la propia Fiscalía, que defendieron la absolución durante el juicio, han presentado ya sus recursos y el tribunal de garantías tiene previsto discutir su admisió a trámite en algun pleno previo al parón de verano. 
    
        Mientras se resuelven los recursos de amparo y el Supremo tramita la petición de indulto presentada por terceras personas, García Ortiz se ha incorporado a su nuevo destino en la Fiscalía de la jurisdicción Social del Tribunal Supremo, encargada sobre todo de asuntos de carácter laboral.

El Supremo rechaza que el ex fiscal general deba ser indultado La Sala que consideró a García Ortiz culpable de filtrar datos de la pareja de Ayuso informa en contra de una medida de gracia "al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública"La Fiscalía apoya que se indulte a García Ortiz la pena de inhabilitación que le resta por cumplir El Tribunal Supremo rechaza que Álvaro García Ortiz deba ser indultado. La misma Sala de lo Penal que lo condenó por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha informado en contra de que una medida de gracia elimine la condena de dos años de inhabilitación que lo sacó de la Fiscalía General. No concurren, dicen los jueces, razones de justicia, equidad o utilidad pública. Los jueces explican que, según su criterio, los hechos por los que fue condenado fueron graves y han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público. La negativa también va firmada por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que firmaron un voto particular apostando por su absolución. La Fiscalía había apoyado que el Gobierno indultara la pena de inhabilitació que le queda por cumplir. La Sala de lo Penal entiende que las personas que han pedido el indulto para García Ortiz no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejan ejercicio de la gracia. Y el hoy fiscal de sala, añaden los jueces, no ha tenido ninguna actuación que suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico. Una forma de decir que no ha reconocido los hechos ni su ilegalidad. El Tribunal Supremo, con el voto en contra de dos magistradas discrepantes, decidió condenar a Álvaro García Ortiz por filtrar –él mismo o alguien de su entorno– un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía sus delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Una condena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar al comisionista con 10.000 euros. Posteriormente el tribunal añadió las costas a la factura: 39.000 euros más a abonar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía informó a favor de la petición de indulto, al menos de forma parcial, para que el resto de la condena de inhabilitación que le restaba por cumplir fuera conmutada. La condena ha generado consecuencias extrapenales desproporcionadas, dijo el documento firmado por la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que había solicitado su absolución durante el juicio. La respuesta del Tribunal Supremo es negativa y ahora la decisión vuelve al terreno político y al Ministerio de Justicia. La revelación de secretos que los jueces atribuyeron a él o a su entorno, dice ahora la Sala de lo Penal, es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia. En manos del Constitucional García Ortiz abandonó la Fiscalía General después de ser condenado y puso la vista en el Tribunal Constitucional. Tanto la Abogacía del Estado como la propia Fiscalía, que defendieron la absolución durante el juicio, han presentado ya sus recursos y el tribunal de garantías tiene previsto discutir su admisió a trámite en algun pleno previo al parón de verano. Mientras se resuelven los recursos de amparo y el Supremo tramita la petición de indulto presentada por terceras personas, García Ortiz se ha incorporado a su nuevo destino en la Fiscalía de la jurisdicción Social del Tribunal Supremo, encargada sobre todo de asuntos de carácter laboral.

eldiario.es · 2 days ago