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Estonia criminalizes digital sexual threats; Netherlands targets influencer misinformation

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Estonia’s Ministry of Justice and Digital Affairs announced on Thursday that it will criminalise threats of sexual violence, including the dissemination of intimate photos, under new legislation aimed at strengthening protections against digital abuse. The move follows a series of consultations and aligns with broader European efforts to address online gender-based violence. According to the ministry, the draft amendments will be submitted to parliament in the autumn session, with the government aiming for swift adoption to ensure timely enforcement.

The proposed changes come amid growing concerns over the misuse of intimate images as tools of coercion and intimidation. Justice Minister Kalle Laanet emphasised that existing laws do not adequately cover threats made through digital means, leaving victims without recourse. “Threats of sexual violence, whether verbal or conveyed via digital platforms, must be treated with the same gravity as physical threats,” Laanet stated. The legislation would introduce penalties of up to three years in prison for offenders, depending on the severity of the threat.

In a parallel development, Dutch parliamentarians voted overwhelmingly in favour of prosecuting influencers who spread misinformation about contraceptives and sexually transmitted infections (STIs), provided they are not medical professionals. The motion, spearheaded by the VVD party, reflects mounting frustration over the role of social media in undermining public health guidance. Health Minister Ernst Kuipers confirmed that the government will draft legislation by the end of the year to criminalise such behaviour, with fines of up to €20,000 envisaged for repeat offenders.

Meanwhile, in the Netherlands, prosecutors have linked the banned online pharmacy Funcaps to at least 18 deaths, presenting evidence in a Zwolle court that the website sold unregulated substances responsible for fatal overdoses. The case against three defendants, accused of manslaughter and drug trafficking, is ongoing, with the court reserving judgment on further proceedings .

In Norway, Storting politician Morten Wold was sentenced to 24 days in prison and fined 150,000 kroner for drink-driving after being stopped on the E18 motorway in May. The verdict, delivered by a Drammen court, underscores the country’s zero-tolerance policy on impaired driving, particularly among public officials .

Across Europe, legal systems are grappling with the intersection of technology, public health, and criminal justice. Estonia’s initiative signals a proactive stance on digital safety, while the Dutch parliament’s move highlights the challenges of regulating misinformation in an era of viral content. As these debates unfold, the coming months will determine whether legislative action can keep pace with the evolving nature of harm.

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E-sigarettide poekett jäi vaidluses maksu- ja tolliametiga kaotajaks Mitmes linnas e-sigarettide äri ajav Vapista OÜ kaebas kohtusse maksu- ja tolliameti (MTA), kes võttis kontorolli käigus hoiule nende poodides müügil olnud e-sigarettide vedeliku maitsestajad, kuid sai riigikohtu värske otsusega lõplikult kaotuse osaliseks.

postimees · about 2 hours ago

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Programul SAFE ajunge din nou pe masa CCR. Judecătorii analizează sesizarea trimisă de Sorin Grindeanu Curtea Constituțională a României (CCR) ar putea lua o decizie joi în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență privind Programul SAFE, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Anterior, zeci de parlamentari din opoziție au atacat …

hotnews.ro · about 2 hours ago

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V Kongu pátrají po šestileté dívce s ebolou. ‚Unesli ji rozzuření muži s noži, oznámilo zařízení Úřady ve východním Kongu pátrají po šestileté dívce nakažené ebolou a její matce poté, co je ozbrojení muži unesli z nemocnice, kde se léčily. Není jasné, zda dítě tyto muže znalo, za současné epidemie se ale centra pro léčbu eboly setkávají s podezřívavostí a se strachem ze strany místních, napsal web stanice BBC. Kvůli epidemii eboly dosud zemřelo bezmála 200 lidí.

irozhlas.cz · about 2 hours ago

Detenido en la localidad pontevedresa de Ponte Caldelas el hombre que agredió a su expareja y escapó con su bebé El niño fue localizado sano y salvo este martes, abandonado junto a la casa rectoral de la localidadBuscan a un hombre que agredió a su expareja y secuestró a su bebé para luego abandonarlo junto a una casa rectoral en un pueblo de Pontevedra
        La Guardia Civil detuvo a primera hora de la mañana de este jueves al hombre que agredió a su expareja y escapó con su bebé, que fue hallado posteriormente sano y salvo en las inmediaciones de la casa rectoral y del cementerio de Ponte Caldelas (Pontevedra).
    
        Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita, fue sobre las 08.10 horas de este jueves cuando se procedió al arresto del varón, localizándolo finalmente en la finca de la vivienda de su expareja.
    
        Las mismas fuentes han explicado que fue detenido por la requisitoria que tenía en vigor, ya que sobre él había una orden de detención e ingreso en prisión.
    
        A partir de ahora, se realizarán las diligencias sobre los hechos sucedidos este martes, cuando agredió a su expareja y huyó con su hijo.
    
        En el operativo de búsqueda participaron este jueves cuatro patrullas, dos agentes de paisano y el equipo Pegaso especializado en drones. El martes, incluso un helicóptero buscó al varón, lo que permitió el hallazgo del bebé sano y salvo.
    
        Fue precisamente el pasado martes sobre las 16.30 horas cuando el hombre habría agredido a su expareja, huyendo al monte con el niño. Por ello, se puso en marcha un enorme operativo de búsqueda, ya que estaba en juego la vida de un bebé. En él estuvieron presentes un helicóptero, drones, perros de detección de personas, incontables patrullas e incluso Seprona.
    
        Horas después, el bebé fue localizado con vida al lado de la casa rectoral, donde lo había dejado el varón.
    
        Sin embargo, este miércoles continuó la búsqueda del presunto agresor, al cual ya le constaba una orden de búsqueda y detención por un caso previo. No fue hasta esta mañana cuando fue localizado.
    
        Vecinos de la zona mostraron su preocupación ante la situación que vivían en las últimas horas. Según indicaron a Europa Press, en varias ocasiones previas oyeron gritar a la mujer pidiendo ayuda. No obstante, una vez acudían a su auxilio les decía que no pasaba nada.
    
        Asustados, decidieron no salir de casa en las últimas horas hasta que se diese con el paradero del varón, indicaron.

Detenido en la localidad pontevedresa de Ponte Caldelas el hombre que agredió a su expareja y escapó con su bebé El niño fue localizado sano y salvo este martes, abandonado junto a la casa rectoral de la localidadBuscan a un hombre que agredió a su expareja y secuestró a su bebé para luego abandonarlo junto a una casa rectoral en un pueblo de Pontevedra La Guardia Civil detuvo a primera hora de la mañana de este jueves al hombre que agredió a su expareja y escapó con su bebé, que fue hallado posteriormente sano y salvo en las inmediaciones de la casa rectoral y del cementerio de Ponte Caldelas (Pontevedra). Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita, fue sobre las 08.10 horas de este jueves cuando se procedió al arresto del varón, localizándolo finalmente en la finca de la vivienda de su expareja. Las mismas fuentes han explicado que fue detenido por la requisitoria que tenía en vigor, ya que sobre él había una orden de detención e ingreso en prisión. A partir de ahora, se realizarán las diligencias sobre los hechos sucedidos este martes, cuando agredió a su expareja y huyó con su hijo. En el operativo de búsqueda participaron este jueves cuatro patrullas, dos agentes de paisano y el equipo Pegaso especializado en drones. El martes, incluso un helicóptero buscó al varón, lo que permitió el hallazgo del bebé sano y salvo. Fue precisamente el pasado martes sobre las 16.30 horas cuando el hombre habría agredido a su expareja, huyendo al monte con el niño. Por ello, se puso en marcha un enorme operativo de búsqueda, ya que estaba en juego la vida de un bebé. En él estuvieron presentes un helicóptero, drones, perros de detección de personas, incontables patrullas e incluso Seprona. Horas después, el bebé fue localizado con vida al lado de la casa rectoral, donde lo había dejado el varón. Sin embargo, este miércoles continuó la búsqueda del presunto agresor, al cual ya le constaba una orden de búsqueda y detención por un caso previo. No fue hasta esta mañana cuando fue localizado. Vecinos de la zona mostraron su preocupación ante la situación que vivían en las últimas horas. Según indicaron a Europa Press, en varias ocasiones previas oyeron gritar a la mujer pidiendo ayuda. No obstante, una vez acudían a su auxilio les decía que no pasaba nada. Asustados, decidieron no salir de casa en las últimas horas hasta que se diese con el paradero del varón, indicaron.

eldiario.es · about 2 hours ago

El Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la Policía y la extrema derecha entre 1979 y 1983 El Ejecutivo publica los informes previstos por la Ley de Memoria Democrática, que analizan vulneraciones de derechos humanos desde la aprobación de la Constitución, la represión del pueblo gitano y el alcance de la reparación económica a los republicanosHistoriadores para desmontar el mito de la Transición pacífica: La policía importó métodos violentos del franquismo

        Tras más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983 ya tiene cerrado su informe. Las conclusiones identifican a 63 víctimas mortales a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha enmarcadas en una violencia política heredera del franquismo durante la Transición. 
    
        El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
    
        Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978. La comisión que lo ha hecho ha estado formada por catedráticos de Derecho Penal, historiadores y otras voces expertas. El trabajo trata de corregir la indefensión y falta de reconocimiento de las víctimas, cuyas muertes en muchos casos no fueron investigadas ni juzgadas o no de forma rigurosa. De las 63 víctimas, una treintena lo fueron a manos de la Policía o la Guardia Civil y 33 de la ultraderecha.
    
        El texto explica que la Transición estuvo marcada por la violencia de diferentes actores —entre ellos, ETA, que fue el que más personas mató—, pero específicamente se detiene en aquellas prácticas antidemocráticas que tenían por objetivo mantener el régimen anterior o que estuvieran ligadas al mismo. En este marco, el estudio comprende las muertes cuya causa directa sea la actuación de agentes policiales mediante el uso ilegal de la fuerza y de grupos de extrema derecha que pretendían frenar el avance democrático mediante el uso del terror, muchas veces con la tolerancia de las autoridades.
    
        El informe asume que la aprobación de la Constitución no bastó por si sola para terminar con las prácticas procedentes de la dictadura y asegura que la Transición fue un espacio gris en el que siguieron produciéndose intervenciones ilegales, excesos y abusos policiales en manifestaciones, protestas, comisarías, controles... El conocido como gatillo fácil es atribuido por los expertos a la falta de depuración de los cuerpos, lo que permitió que, ya en democracia, se mantuvieran este tipo de prácticas.
    
        La comisión, que ha mantenido un intenso debate sobre qué casos incluir o no, ha decidido identificar a estas 63 víctimas en base a dos conceptos interpretados en sentido amplio, según el estudio: que lo fueran por luchar por la democracia y como consecuencia de un abuso de poder fruto de un defectuoso y antidemocrático funcionamiento de las instituciones del Estado. Por años, el más mortal fue 1980, con 28 asesinatos —20 de la ultraderecha—, seguido de 1979, con 22 asesinatos de los cuales 14 fueron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El trabajo reconoce nueve casos en 1981, tres en 1982 y uno en 1983. Del total de 63 víctimas, nueve son mujeres.
    
        Entre las muertes provocadas por grupos de extrema derecha figuran las de los jóvenes Yolanda González o Andrés García Fernández, apuñalado este último en 1979 a la salida de un cine del barrio Salamanca en Madrid, considerada zona nacional por estas bandas. El joven, de 18 años, era militante comunista. La mayoría de los casos incluidos ocurrieron en Madrid y en diferentes localidades de Euskadi, como la muerte de Liborio Arana, Manuel Santacoloma, María Paz y Pacífico Fica, en enero de 1980 como consecuencia de la explosión de una bomba a la puerta de un bar de Baracaldo cuyos dueños eran simpatizantes del PNV. 
    
        
                                            






    
                                    
                
                                                                                                                                        
                                                    
                                                
                                                                                                                        
                                                    
                                                
                                                                    
                                                    
                                                
                                    
                

                

            
            

            
            
                            
            
                Yolanda González.                            
                                    
            
                
        Los autores fueron miembros de Grupos Armados Españoles, una organización que cometió otros dos asesinatos. El Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, el Frente de la Juventud, Falange o el Comando Antimarxista fueron otros de los grupos de extrema derecha que mataron en aquellos años a personas incluidas en el estudio.
    
        En el caso de las actuaciones policiales, figuran muchas llevadas a cabo para reprimir huelgas, protestas o manifestaciones. Están reconocidos los casos de la ecologista Gladys del Estal, Vicente Vadillo, que murió en el contexto de una huelga laboral de transportistas o Ursino Gallego, un adolescente de 14 años que falleció por el impacto de una bala de goma durante una manifestación vecinal por la falta de suministro de agua en la localidad madrileña de Parla. Hay también varios casos enmarcados en controles de tráfico, discusiones o intentos de identificación. Figura, además, el caso Almería, en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados y asesinados al ser confundidos con miembros de ETA.
    Sin las víctimas de los GAL
        El estudio de estas vulneraciones de derechos hasta diciembre de 1983 soliviantó a la derecha durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. El expresidente José María Aznar llegó a decir que se trataba de una norma hecha y pactada con terroristas y el PP en su conjunto aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir a los etarras Lasa y Zabala, víctimas de los GAL, como víctimas del franquismo. En su momento, el Gobierno aseguró que no era el objetivo de la disposición y que las víctimas de la guerra sucia contra ETA quedarían fuera del estudio porque estaba pensado para víctimas que trabajaron por la consolidación democrática.
    
        El informe retoma la cuestión y excluye a los miembros de grupos terroristas, que participaran en actividades dirigidas a subvertir el orden constitucional o murieran como consecuencia de la manipulación de explosivos. Esto quiere decir que los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español, del GAL o de las actuaciones policiales descontroladas no están abarcados en este análisis, detalla el documento. La comisión también ha delimitado los casos a aquellos que tuvieron resultado de muerte debido, entre otras cosas, a la escasez de fuentes, pero recomienda que el estudio se amplíe en un futuro a casos de torturas, malos tratos o trato degradante.
    
        Los expertos hacen dos recomendaciones más: que haya un reconocimiento institucional de estas víctimas, con medidas mínimas como la entrega de declaraciones de reparación como las que el Gobierno otorga a las víctimas del franquismo, que se les incluya en actos oficiales de memoria democrática o que se garantice que sus nombres e historias sean nombradas y dignificadas públicamente. Además, el trabajo aconseja la creación de un canal permanente, accesible y seguro que permita a familiares y asociaciones presentar casos para que puedan estudiarse e incorporarse. 
    
        
                                            






    
                                    
                
                                                                                                                                        
                                                    
                                                
                                                                                                                        
                                                    
                                                
                                                                    
                                                    
                                                
                                    
                

                

            
            

            
            
                            
            
                Entierro del sindicalista de la CNT Valentín González, fallecido en 1979 víctima de una carga policial durante una huelga.                            
                                    
            
                
        Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que el estudio no es un documento de sanción penal, sino de carácter histórico, jurídico y político que tiene por objetivo reconocer y reparar estas violaciones de derechos humanos. Las mismas fuentes aseguran que, como primer paso, se reconocerá el derecho a recibir la indemnización que tramita actualmente el Congreso para familias de fallecidos por su lucha por la democracia. Eso siempre que no hayan recibido ya indemnización, algo que sí ha ocurrido con muchas de las víctimas de la ultraderecha, consideradas víctimas del terrorismo.
    22 mil millones de euros
        El segundo de los informes que también ha sido ya entregado es el que responde a la obligación de estudiar el grado de cobertura de la reparación de carácter económico dirigida a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil con el objetivo de recomendar posibles déficits subsanables. La comisión responsable del estudio estaba integrada por miembros de ministerios y comunidades autónomas y su conclusión principal es que desde la reinstauración de la democracia, España ha impulsado de forma amplia, continua y progresiva un sistema de reparación económica.
    
        El informe ha revisado la normativa aprobada desde 1976 y ha identificado casi una veintena de Reales Decretos y leyes que impulsaron pensiones o indemnizaciones. Según las cifras aportadas en el trabajo, el total de dinero gastado por la Administración General del Estado ha sido un acumulado de 22.160 millones de euros. De acuerdo con estos datos, aportados sobre todo por el Ministerio de Hacienda,a más de medio millón de personas, 611.828, han recibido algún tipo de compensación económica hasta 2024.
    
        Las ayudas se han dirigido fundamentalmente a militares republicanos y sus familias —tanto profesionales como no—, a aquellas personas que sufrieron mutilaciones por la Guerra Civil y a los llamados niños de la guerra, que fueron evacuados de España cuando eran menores de edad. También existe una pensión para los familiares de personas fusiladas o desaparecidas que, según los datos, han llegado a cobrar 113.095 personas —percibida actualmente por 3.582—. 
    
        En lo que respecta a las indemnizaciones, figuran dos tipos para personas que sufrieron prisión por motivos políticos y otras para presos que fueron encarcelados por ser LGTBI. En el primer caso, la han cobrado algo más de 60.000 personas y en el segundo, 116. El estudio, sin embargo, no ahonda en el importe de las ayudas o en la media de las pensiones recibidas. La ley estipula que los expresos debieron sufrir privación de libertad durante un mínimo de tres años para recibir una indemnización de 6.000 euros, a los que se añaden 1.202 euros por cada tres años adicionales.
    
        El informe intenta arrojar luz sobre las ayudas aprobadas por las comunidades, pero no todas han respondido a la petición. Solo hay datos de Catalunya, Navarra, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía —la única de la lista gobernada por el PP—. En total, las seis autonomías han gestionado prestaciones económicas complementarias a las del Estado central por casi 70 millones de euros, que han sido otorgadas a 26.231 personas. 
    
        La comisión hace algunas recomendaciones, pero solo habla explícitamente de ampliar las reparaciones económicas a los militares represaliados durante el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas, un ámbito que no está plenamente cubierto, según el texto. También menciona específicamente a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer, de la represión por creencias religiosas, las represaliadas por su orientación sexual o las víctimas de la psiquiatría franquista. En estos casos, aconseja la realización de estudios en profundidad para conocer más a fondo su situación.
    Las calles del Marqués de la Ensenada
        El tercero de los informes aborda la represión y la situación histórica del pueblo gitano en España y concluye que ha existido una represión institucional contra este colectivo desde hace al menos seis siglos y que aún dura hoy. La comisión, compuesta por representantes del Gobierno y también de la sociedad civil, explica en su informe que el Estado consideró la identidad gitana como una amenaza durante más de 500 años y que su discriminación se ha mantenido como una política normalizada y socialmente tolerada. 
    
        El informe hace un repaso por la historia de esta exclusión, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad, y aunque reconoce —y detalla— el avance en forma de normativa que se ha desarrollado en los últimos años, también hace varias propuestas con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
    
        Las recomendaciones hacen referencia a distintos ámbitos y se concretan en el impulso de una ley integral, la articulación de protocolos en las aulas, formación de operadores jurídicos, agentes policiales y profesorado o medidas para garantizar que la historia y cultura del pueblo gitano se estudia en las aulas, algo que debería ser obligatorio.
    
        Una de las propuestas que más consenso generó en la comisión fue la de la retirada de calles y plazas dedicadas al Marqués de la Ensenada, que fue el responsable de la llamada Gran Redada, el intento de exterminio de los gitanos en España que se produjo en el siglo XVIII. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han señalado que, aunque el catálogo de retirada de símbolos franquistas no está pensado para estos casos, la idea del Gobierno es impulsar algo similar para que el nombre del Marqués de la Ensenada desaparezca del callejero.

El Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la Policía y la extrema derecha entre 1979 y 1983 El Ejecutivo publica los informes previstos por la Ley de Memoria Democrática, que analizan vulneraciones de derechos humanos desde la aprobación de la Constitución, la represión del pueblo gitano y el alcance de la reparación económica a los republicanosHistoriadores para desmontar el mito de la Transición pacífica: La policía importó métodos violentos del franquismo Tras más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983 ya tiene cerrado su informe. Las conclusiones identifican a 63 víctimas mortales a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha enmarcadas en una violencia política heredera del franquismo durante la Transición. El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978. La comisión que lo ha hecho ha estado formada por catedráticos de Derecho Penal, historiadores y otras voces expertas. El trabajo trata de corregir la indefensión y falta de reconocimiento de las víctimas, cuyas muertes en muchos casos no fueron investigadas ni juzgadas o no de forma rigurosa. De las 63 víctimas, una treintena lo fueron a manos de la Policía o la Guardia Civil y 33 de la ultraderecha. El texto explica que la Transición estuvo marcada por la violencia de diferentes actores —entre ellos, ETA, que fue el que más personas mató—, pero específicamente se detiene en aquellas prácticas antidemocráticas que tenían por objetivo mantener el régimen anterior o que estuvieran ligadas al mismo. En este marco, el estudio comprende las muertes cuya causa directa sea la actuación de agentes policiales mediante el uso ilegal de la fuerza y de grupos de extrema derecha que pretendían frenar el avance democrático mediante el uso del terror, muchas veces con la tolerancia de las autoridades. El informe asume que la aprobación de la Constitución no bastó por si sola para terminar con las prácticas procedentes de la dictadura y asegura que la Transición fue un espacio gris en el que siguieron produciéndose intervenciones ilegales, excesos y abusos policiales en manifestaciones, protestas, comisarías, controles... El conocido como gatillo fácil es atribuido por los expertos a la falta de depuración de los cuerpos, lo que permitió que, ya en democracia, se mantuvieran este tipo de prácticas. La comisión, que ha mantenido un intenso debate sobre qué casos incluir o no, ha decidido identificar a estas 63 víctimas en base a dos conceptos interpretados en sentido amplio, según el estudio: que lo fueran por luchar por la democracia y como consecuencia de un abuso de poder fruto de un defectuoso y antidemocrático funcionamiento de las instituciones del Estado. Por años, el más mortal fue 1980, con 28 asesinatos —20 de la ultraderecha—, seguido de 1979, con 22 asesinatos de los cuales 14 fueron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El trabajo reconoce nueve casos en 1981, tres en 1982 y uno en 1983. Del total de 63 víctimas, nueve son mujeres. Entre las muertes provocadas por grupos de extrema derecha figuran las de los jóvenes Yolanda González o Andrés García Fernández, apuñalado este último en 1979 a la salida de un cine del barrio Salamanca en Madrid, considerada zona nacional por estas bandas. El joven, de 18 años, era militante comunista. La mayoría de los casos incluidos ocurrieron en Madrid y en diferentes localidades de Euskadi, como la muerte de Liborio Arana, Manuel Santacoloma, María Paz y Pacífico Fica, en enero de 1980 como consecuencia de la explosión de una bomba a la puerta de un bar de Baracaldo cuyos dueños eran simpatizantes del PNV. Yolanda González. Los autores fueron miembros de Grupos Armados Españoles, una organización que cometió otros dos asesinatos. El Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, el Frente de la Juventud, Falange o el Comando Antimarxista fueron otros de los grupos de extrema derecha que mataron en aquellos años a personas incluidas en el estudio. En el caso de las actuaciones policiales, figuran muchas llevadas a cabo para reprimir huelgas, protestas o manifestaciones. Están reconocidos los casos de la ecologista Gladys del Estal, Vicente Vadillo, que murió en el contexto de una huelga laboral de transportistas o Ursino Gallego, un adolescente de 14 años que falleció por el impacto de una bala de goma durante una manifestación vecinal por la falta de suministro de agua en la localidad madrileña de Parla. Hay también varios casos enmarcados en controles de tráfico, discusiones o intentos de identificación. Figura, además, el caso Almería, en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados y asesinados al ser confundidos con miembros de ETA. Sin las víctimas de los GAL El estudio de estas vulneraciones de derechos hasta diciembre de 1983 soliviantó a la derecha durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. El expresidente José María Aznar llegó a decir que se trataba de una norma hecha y pactada con terroristas y el PP en su conjunto aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir a los etarras Lasa y Zabala, víctimas de los GAL, como víctimas del franquismo. En su momento, el Gobierno aseguró que no era el objetivo de la disposición y que las víctimas de la guerra sucia contra ETA quedarían fuera del estudio porque estaba pensado para víctimas que trabajaron por la consolidación democrática. El informe retoma la cuestión y excluye a los miembros de grupos terroristas, que participaran en actividades dirigidas a subvertir el orden constitucional o murieran como consecuencia de la manipulación de explosivos. Esto quiere decir que los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español, del GAL o de las actuaciones policiales descontroladas no están abarcados en este análisis, detalla el documento. La comisión también ha delimitado los casos a aquellos que tuvieron resultado de muerte debido, entre otras cosas, a la escasez de fuentes, pero recomienda que el estudio se amplíe en un futuro a casos de torturas, malos tratos o trato degradante. Los expertos hacen dos recomendaciones más: que haya un reconocimiento institucional de estas víctimas, con medidas mínimas como la entrega de declaraciones de reparación como las que el Gobierno otorga a las víctimas del franquismo, que se les incluya en actos oficiales de memoria democrática o que se garantice que sus nombres e historias sean nombradas y dignificadas públicamente. Además, el trabajo aconseja la creación de un canal permanente, accesible y seguro que permita a familiares y asociaciones presentar casos para que puedan estudiarse e incorporarse. Entierro del sindicalista de la CNT Valentín González, fallecido en 1979 víctima de una carga policial durante una huelga. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que el estudio no es un documento de sanción penal, sino de carácter histórico, jurídico y político que tiene por objetivo reconocer y reparar estas violaciones de derechos humanos. Las mismas fuentes aseguran que, como primer paso, se reconocerá el derecho a recibir la indemnización que tramita actualmente el Congreso para familias de fallecidos por su lucha por la democracia. Eso siempre que no hayan recibido ya indemnización, algo que sí ha ocurrido con muchas de las víctimas de la ultraderecha, consideradas víctimas del terrorismo. 22 mil millones de euros El segundo de los informes que también ha sido ya entregado es el que responde a la obligación de estudiar el grado de cobertura de la reparación de carácter económico dirigida a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil con el objetivo de recomendar posibles déficits subsanables. La comisión responsable del estudio estaba integrada por miembros de ministerios y comunidades autónomas y su conclusión principal es que desde la reinstauración de la democracia, España ha impulsado de forma amplia, continua y progresiva un sistema de reparación económica. El informe ha revisado la normativa aprobada desde 1976 y ha identificado casi una veintena de Reales Decretos y leyes que impulsaron pensiones o indemnizaciones. Según las cifras aportadas en el trabajo, el total de dinero gastado por la Administración General del Estado ha sido un acumulado de 22.160 millones de euros. De acuerdo con estos datos, aportados sobre todo por el Ministerio de Hacienda,a más de medio millón de personas, 611.828, han recibido algún tipo de compensación económica hasta 2024. Las ayudas se han dirigido fundamentalmente a militares republicanos y sus familias —tanto profesionales como no—, a aquellas personas que sufrieron mutilaciones por la Guerra Civil y a los llamados niños de la guerra, que fueron evacuados de España cuando eran menores de edad. También existe una pensión para los familiares de personas fusiladas o desaparecidas que, según los datos, han llegado a cobrar 113.095 personas —percibida actualmente por 3.582—. En lo que respecta a las indemnizaciones, figuran dos tipos para personas que sufrieron prisión por motivos políticos y otras para presos que fueron encarcelados por ser LGTBI. En el primer caso, la han cobrado algo más de 60.000 personas y en el segundo, 116. El estudio, sin embargo, no ahonda en el importe de las ayudas o en la media de las pensiones recibidas. La ley estipula que los expresos debieron sufrir privación de libertad durante un mínimo de tres años para recibir una indemnización de 6.000 euros, a los que se añaden 1.202 euros por cada tres años adicionales. El informe intenta arrojar luz sobre las ayudas aprobadas por las comunidades, pero no todas han respondido a la petición. Solo hay datos de Catalunya, Navarra, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía —la única de la lista gobernada por el PP—. En total, las seis autonomías han gestionado prestaciones económicas complementarias a las del Estado central por casi 70 millones de euros, que han sido otorgadas a 26.231 personas. La comisión hace algunas recomendaciones, pero solo habla explícitamente de ampliar las reparaciones económicas a los militares represaliados durante el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas, un ámbito que no está plenamente cubierto, según el texto. También menciona específicamente a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer, de la represión por creencias religiosas, las represaliadas por su orientación sexual o las víctimas de la psiquiatría franquista. En estos casos, aconseja la realización de estudios en profundidad para conocer más a fondo su situación. Las calles del Marqués de la Ensenada El tercero de los informes aborda la represión y la situación histórica del pueblo gitano en España y concluye que ha existido una represión institucional contra este colectivo desde hace al menos seis siglos y que aún dura hoy. La comisión, compuesta por representantes del Gobierno y también de la sociedad civil, explica en su informe que el Estado consideró la identidad gitana como una amenaza durante más de 500 años y que su discriminación se ha mantenido como una política normalizada y socialmente tolerada. El informe hace un repaso por la historia de esta exclusión, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad, y aunque reconoce —y detalla— el avance en forma de normativa que se ha desarrollado en los últimos años, también hace varias propuestas con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Las recomendaciones hacen referencia a distintos ámbitos y se concretan en el impulso de una ley integral, la articulación de protocolos en las aulas, formación de operadores jurídicos, agentes policiales y profesorado o medidas para garantizar que la historia y cultura del pueblo gitano se estudia en las aulas, algo que debería ser obligatorio. Una de las propuestas que más consenso generó en la comisión fue la de la retirada de calles y plazas dedicadas al Marqués de la Ensenada, que fue el responsable de la llamada Gran Redada, el intento de exterminio de los gitanos en España que se produjo en el siglo XVIII. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han señalado que, aunque el catálogo de retirada de símbolos franquistas no está pensado para estos casos, la idea del Gobierno es impulsar algo similar para que el nombre del Marqués de la Ensenada desaparezca del callejero.

eldiario.es · about 2 hours ago

Ford ya permite conducir sin manos en miles de kilómetros de carreteras españolas Diseñado para reducir el esfuerzo en carretera, el sistema BlueCruise  permite una conducción manos libres en más del 90 de las autopistas y autovías de España

Ford ya permite conducir sin manos en miles de kilómetros de carreteras españolas Diseñado para reducir el esfuerzo en carretera, el sistema BlueCruise permite una conducción manos libres en más del 90 de las autopistas y autovías de España

la vanguardia · about 2 hours ago

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Perché lItalia non sanziona Ben-Gvir? Tajani: Non siamo interessati a operazioni di facciata. Il Pd: Lo hanno già fatto sei Paesi europei Durante il Question Time alla Camera dei Deputati, il Partito Democratico chiede perché lItalia non abbia sanzionato il ministro israeliano Ben-Gvir. Lo chiede al ministro degli Affari Esteri del governo meloni, Antonio Tajani. E LItalia ad aver posto il tema in Europa delle sanzioni a Ben-Gvir, abbiamo agito in modo serio lavorando per una risposta […] Larticolo Perché lItalia non sanziona Ben-Gvir? Tajani: Non siamo interessati a operazioni di facciata. Il Pd: Lo hanno già fatto sei Paesi europei proviene da Il Fatto Quotidiano.

il fatto quotidiano · about 2 hours ago

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Il Csm sottovaluta le mafie al Nord: Libera in piazza contro la decisione che limita al Sud i territori ad alta densità Libera scende in piazza oggi nelle principali città del Nord. Protesta contro una scelta del Csm sulle città considerate ad alta densità mafiosa: sono tutte al Sud, a parte Roma. Lassociazione fondata da don Luigi Ciotti contro tutte le mafie non ci sta e ha deciso di organizzare iniziative a Genova, Torino, Milano, Venezia, Bologna, […] Larticolo Il Csm sottovaluta le mafie al Nord: Libera in piazza contro la decisione che limita al Sud i territori ad alta densità proviene da Il Fatto Quotidiano.

il fatto quotidiano · about 2 hours ago

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Baby Gang ha gravi fragilità, ridategli la televisione in carcere. La sorveglianza particolare va ridotta da 6 a 3 mesi: così il Tribunale di Milano Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha reso nota lordinanza con cui ha accolto uno dei tre motivi di reclamo della difesa di Zaccaria Mouhib, ossia il 24enne trapper Baby Gang, contro la decisione dello scorso aprile del Dipartimento dellamministrazione penitenziaria di applicare al giovane il regime di sorveglianza particolare. Un intero semestre di Sorveglianza […] Larticolo Baby Gang ha gravi fragilità, ridategli la televisione in carcere. La sorveglianza particolare va ridotta da 6 a 3 mesi: così il Tribunale di Milano proviene da Il Fatto Quotidiano.

il fatto quotidiano · about 2 hours ago

Deux jeunes noirs passés à tabac à Verzeille: la justice reconnaît finalement des propos racistes Trois hommes avaient été condamnés pour violences en réunion sur deux hommes noirs au cours dune fête de village en 2022, mais le tribunal avait écarté le mobile discriminatoire. Lundi, la cour dappel de Montpellier reconnaît finalement quau moins lun des agresseurs avait tenu des propos racistes.

Deux jeunes noirs passés à tabac à Verzeille: la justice reconnaît finalement des propos racistes Trois hommes avaient été condamnés pour violences en réunion sur deux hommes noirs au cours dune fête de village en 2022, mais le tribunal avait écarté le mobile discriminatoire. Lundi, la cour dappel de Montpellier reconnaît finalement quau moins lun des agresseurs avait tenu des propos racistes.

mediapart · about 2 hours ago

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Schüsse auf Geschäfte in Berlin: Erneute Razzia gegen türkische Erpresser-Mafia Mit Spezialeinheiten gehen Polizei und Staatsanwaltschaft gegen Banden vor, deren Bosse das Geschäft aus dem Ausland steuern sollen. Berliner Ladenbesitzer sind im Visier der Kriminellen.

tagesspiegel · about 2 hours ago

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Polizeieinsatz: Kind tot im Auto: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung Nach dem Tod eines Kleinkinds in einem Auto ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Mutter. Was zu den möglichen Ursachen und den laufenden Untersuchungen bekannt ist.

tagesspiegel · about 2 hours ago

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Gaza death toll surpasses 73,000 as Israeli fire kills 2 Palestinians The Health Ministry in Gaza said Wednesday that Israeli attacks killed two Palestinians in the territory over the past 24 hours, pushing the overall death toll since October 2023 to 73,016 despite a ceasefire agreement that has been in effect since October 10, 2025.

yenisafak · about 2 hours ago

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Înalta Curte de Casație și Justiție, așteptată să dea un verdict în procesul dintre Dominic Fritz și Agenția Națională de Integritate Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) este aşteptată să ia o decizie, joi, în dosarul în care Dominic Fritz a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI). Potrivit raportului inspectorilor ANI, liderul USR şi primarul Timişoarei a fost declarat în conflict de interese. Inspectorii ANI arătau că Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare, iar documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma consilierului local USR Răzvan Negrişanu, care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoarei.

digi24 · about 2 hours ago

Több ember ellen is vádat emeltek, miután egy férfi elgázolta a saját lányát, és megpróbálták eltüntetni a nyomokat A balesetet is, majd azt, ami utána jött, végig vette egy közeli térfigyelő kamera.

Több ember ellen is vádat emeltek, miután egy férfi elgázolta a saját lányát, és megpróbálták eltüntetni a nyomokat A balesetet is, majd azt, ami utána jött, végig vette egy közeli térfigyelő kamera.

hvg.hu · about 2 hours ago

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Mann kjørte 214 km/t i 100-sonen: Fratatt bil og førerkort En 20-årig mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen, er fratatt både bil og førerkort.

aftenposten · about 2 hours ago

Un hombre, grave tras sufrir una agresión de arma blanca en un domicilio en Madrid Sanitarios de Summa 112 estabilizan a un varón de 49 años con múltiples puñaladas en un piso del centro madrileño y lo trasladan grave; la Policía Nacional investiga el suceso

Un hombre, grave tras sufrir una agresión de arma blanca en un domicilio en Madrid Sanitarios de Summa 112 estabilizan a un varón de 49 años con múltiples puñaladas en un piso del centro madrileño y lo trasladan grave; la Policía Nacional investiga el suceso

el confidencial · about 2 hours ago

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Wissa, luomo del gol del Congo, rischiò di perdere la vista per unaggressione con lacido Lepisodio nel 2021, quando una donna cercò di rapire la figlia, in Francia

corriere · about 2 hours ago

Gefängnisflucht: Verurteilter Mörder beim Freigang mit Motorrad geflohen Bei einem Begleitausgang entwischte der Polizei in Niedersachsen ein verurteilter Mörder. Er schaffte es, auf seinem eigenen Motorrad zu flüchten. Die Polizei fahndet nach ihm.

Gefängnisflucht: Verurteilter Mörder beim Freigang mit Motorrad geflohen Bei einem Begleitausgang entwischte der Polizei in Niedersachsen ein verurteilter Mörder. Er schaffte es, auf seinem eigenen Motorrad zu flüchten. Die Polizei fahndet nach ihm.

faz · about 2 hours ago

Maternity medical negligence cases: The adversarial legal process fails families and taxpayers Children affected by birth-related injuries need lifelong support, not to have their families dragged through Irelands cruel and lengthy claims process, writes Dr Suzanne Crowe.

Maternity medical negligence cases: The adversarial legal process fails families and taxpayers Children affected by birth-related injuries need lifelong support, not to have their families dragged through Irelands cruel and lengthy claims process, writes Dr Suzanne Crowe.

thejournal · about 2 hours ago

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Dutch MPs wants to prosecute influencers for misinformation on contraceptives, STIs A majority in the Dutch parliament supports a plan by the VVD to prosecute influencers who are not medical professionals and spread misinformation online about sexually transmitted infect

nltimes.nl · about 2 hours ago

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Estonia plans to criminalize making threats of sexual violence Making threats of sexual violence, including threatening to upload intimate photos, will become punishable in the future under new legislation, as the Ministry of Justice and Digital Affairs looks to update existing laws.

news.err · about 2 hours ago

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Estonia passes law obligating police to place warning signs ahead of mobile speed cameras The Riigikogu on Wednesday passed amendments to the law that will require police to warn drivers about mobile speed cameras in the future.

news.err · about 2 hours ago

Just a Kid: Witness to Croatia War Crime Vindicated 35 Years Later Krunoslav Fehir was still in his teens when he witnessed the torture and murder of Serb civilians by a Croatian unit he was recruited into by his father in 1991. His decision to testify in 2005 would mark the start of a long and torturous road to the conviction of Osijek warlord Branimir Glavas, and to Fehirs own vindication.

Just a Kid: Witness to Croatia War Crime Vindicated 35 Years Later Krunoslav Fehir was still in his teens when he witnessed the torture and murder of Serb civilians by a Croatian unit he was recruited into by his father in 1991. His decision to testify in 2005 would mark the start of a long and torturous road to the conviction of Osijek warlord Branimir Glavas, and to Fehirs own vindication.

balkaninsight · about 2 hours ago

Spanish Connection: Balkan Cocaine Networks Turn Violent Again in Barcelona Police suspect two recent murders in Barcelona are tied to Balkan crime groups. The shootings highlight the global repercussions of decade-long rivalries involving Serbian and Montenegrin drug clans.

Spanish Connection: Balkan Cocaine Networks Turn Violent Again in Barcelona Police suspect two recent murders in Barcelona are tied to Balkan crime groups. The shootings highlight the global repercussions of decade-long rivalries involving Serbian and Montenegrin drug clans.

balkaninsight · about 2 hours ago

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Žhářství, ale i otrávené nápoje pro kolegy a bezdomovce. Žalobce pro muže žádá výjimečný trest Olomoucký soud ve čtvrtek začal řešit mimořádný případ muže, který údajně nemrznoucí kapalinou nastraženou v limonádě otrávil své kolegy. Jeden z nich zemřel, druhý má vážné následky. Obžalovaný Jiří Kudlička se měl také toxickou směsí pokusit zabít bezdomovce. Kriminalisté to vše odhalili náhodou, když ho zatkli za rozsáhlé požáry lesů na Bruntálsku. Státní zástupce pro muže žádá výjimečný trest.

irozhlas.cz · about 2 hours ago

Mener sykehus brøt loven: Fant ulovlige spytthetter på psykiatrisk avdeling Pasienter ble liggende fastspent i opptil 38 timer uten at lovens krav ble fulgt, viser en ny rapport. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset hadde farlige og forbudte spytthetter liggende fremme.

Mener sykehus brøt loven: Fant ulovlige spytthetter på psykiatrisk avdeling Pasienter ble liggende fastspent i opptil 38 timer uten at lovens krav ble fulgt, viser en ny rapport. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset hadde farlige og forbudte spytthetter liggende fremme.

nrk · about 2 hours ago

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Tillsätter utredning om islamism: Behöver kartlägga Sverige har blundat för risken för islamistisk infiltration i samhället.Det menar regeringen, som nu tillsätter en utredning om saken.– Expressens granskning visar exakt varför utredningen behövs, menar terrorforskaren Magnus Ranstorp som kommer att leda den.

expressen · about 2 hours ago

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Verboden rattengif blijkt eenvoudig online te bestellen Het blijkt heel eenvoudig om online rattengif te bestellen, terwijl dat verboden is. Het zou gaan om streng gereguleerde rodenticiden, die wettelijk zijn ingeperkt vanwege hun extreme giftigheid en risicos voor het ecosysteem. De middelen mogen alleen nog door gecertificeerde professionals worden gebruikt.

nu.nl · about 2 hours ago

Śmierć Polki w Ekwadorze. Żurek: Mamy poważne wątpliwości Polska prokuratura sprawdza, czy śmierć Moniki Silvy Veras mogła zostać upozorowana. Obecnie, zdaniem Waldemara Żurka, nic na to nie wskazuje, ale jak zaznaczył, "w przypadku osób, które walczyły aktywnie z korupcją w różnych krajach świata, śledczy zawsze prowadzą postępowanie".

Śmierć Polki w Ekwadorze. Żurek: Mamy poważne wątpliwości Polska prokuratura sprawdza, czy śmierć Moniki Silvy Veras mogła zostać upozorowana. Obecnie, zdaniem Waldemara Żurka, nic na to nie wskazuje, ale jak zaznaczył, "w przypadku osób, które walczyły aktywnie z korupcją w różnych krajach świata, śledczy zawsze prowadzą postępowanie".

gazeta.pl · about 2 hours ago